Desde el inicio mismo y hasta el 2010, navegaron contracorriente, sobre todo con el expresidente Rafael Correa, que en las sabatinas y cada que quería les tildaba de “retrógrados y atrasapueblos que se oponían al desarrollo”. 

En el primer tramo de la lucha estuvieron únicamente las comunidades. Pero poco a poco ganaron fuerza entre los cuencanos y azuayos.

Avanzado el duro trayecto de Río Blanco, organizaciones, sacerdotes como el obispo de Cuenca, Marcos Pérez, y abogados de la Universidad del Azuay se hicieron eco de su reclamo.

Igual hubo tres marchas a escala nacional. “La primera un poco fría y ante la indiferencia de la gente y la última, del 2015, con una conexión gigante que se vio el despertar de Cuenca y Quito sobre la necesidad de defender el agua”.

En esta cruzada también se unieron las organizaciones internacionales como CLD, Aministía Internacional, Front Line Defenders y más organizaciones ambientalistas nacionales y del extranjero.

Ganó aún más fuerzas con una acción de medidas cautelares solicitada por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), junto con la Ecuacurani y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y las comunidades de Molleturo. Además están los amicus cureae interpuestos a escala nacional e internacional.

Hasta que los comuneros de Molleturo se convirtieron en los protagonistas de una página colmada de historia. El juez Paúl Serrano, con una sentencia de primera instancia, y los jueces Édgar Morocho, Rosa Zhindón y Aura Calderón (con la sentencia definitiva) dieron la razón a sus reclamos.

A esta sentencia, Yaku Pérez, abogado de las comunidades y presidente de la Ecuarunari, le atribuye un grado superlativo y la considera “un homenaje a la lucha de casi dos décadas de gente que pasó por la cárcel, por las Cortes de Justicia, fue asfixiada y hasta secuestrada”.

Entre Río Blanco y Quimsacocha, hay cerca de 200 personas procesadas. Hasta la fecha, 23 aún están procesadas, ocho de ellas por sabotaje. El propio Yaku Pérez estuvo detenido cinco veces y las enumera, con una especie de orgullo, dentro de su trayectoria en defensa del agua: enero del 2009, mayo del 2010, marzo del 2013, agosto y diciembre del 2015. Aparte que tiene una sentencia por sedición (luego cambió a sabotaje), incluso sentencia de un año por suspensión de servicios públicos.

Pérez insiste que se debe reinvindicar el homenaje a las mujeres, “porque ellas son el alma de la resistencia y la lucha en defensa del agua”.

“A los jueces no agradecerles nada, pero reconocer públicamente porque tuvieron el coraje, perdiendo el miedo, de dictar sentencia favor del agua y de la vida”, enfatiza Pérez.

Claro que aún siguen presionando para que se ejecute la sentencia, ante la demora de quienes tienen que hacerla cumplir.

El 8% del territorio nacional está concesionado para la minería. Solo en la jurisdicción cantonal de Cuenca existen 55 concesiones mineras, según el Municipio cuencano.

La defensa del agua, vinculada indefectiblemente a la consulta previa e informada. Ese fue el principal argumento ante los jueces.

De su lado, desde las empresas mineras se aduce que sí hicieron consulta previa. Pero Pérez refuta al asegurar que “hicieron socialización y mal hecha. Pero otra cosa es consulta previa libre e informada, consulta popular y ambiental. Debieron consultar a los “sembradores y criadores del agua que están en los campos. No hay mercados llenos de alimentos sin agua y sin los campesinos que la cuidan”.

Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, también insiste que en todos los proyectos mineros que están encaminados no existe la consulta previa.

Esa legitimidad de la consulta previa -resalta Yaku Pérez- se expresó en las urnas durante el Referendo de febrero del 2018. Los jueces, en su sentencia, argumentaron que el 67,80% de los habitantes de la parroquia Molleturo votó por el Sí y el 32,20% por el No. (A los ecuatorianos se nos consultó si estamos de acuerdo en enmendar la Constitución para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos…).

A eso se sumó otro cuestionamiento serio. Pablo Piedra, del Municipio de Cuenca, advirtió que la Secretaría Nacional del Agua nunca entregó el permiso para que concesionar Río Blanco.

“Eso no es al alzar -lo dice Pérez- Hasta lo imposible se vuelve posible. Antes ser antiextractivista y defensor del agua era un sueño, una utopía…”.

Pero no es cuestión que la minera Ecuagoldmining abandone Río Blanco sino que se responsabilice de la remediación de los daños causados.

La exigencia en consenso es que se anule la concesión de 1.776 hectáreas entregadas a la empresa Cachabí. El 99% implica al Cerro del Mozo y el Valle de Shincata, el 1% restante corresponde al cantón Oña (Azuay) y Yacuambi (Zamora Chinchipe).

Para las comunidades tiene especial valía, ya que desde El Mozo se alimentan sus sistemas de agua potable y de riego que les permite volver productivos sus áridos suelos. En esta zona nacen 24 ríos y 27 quebradas que forman la subcuenca del río León y la microcuenca del río Shincata.

El temor en Nabón es que con la explotación minera se causarían daños irreversibles para esas fuentes de captación, a los páramos, a la salud de las personas y al medioambiente.

Por eso, la alcaldesa Magali Quezada insistió en la nulidad al proceso de la concesión a Cachabí, ya que “hay una ilegalidad en el procedimiento al no haberse dado una consulta previa del proyecto como exige la ley. Existe una población que exige que no se debe dar la explotación minera en estas zonas de conservación”.

El viernes 13 julio pasado, los comuneros recorrieron la zona de El Mozo para mostrar a las autoridades sobre la riqueza natural que conserva este páramo, en especial las fuentes de agua.

En ese recorrido participaron delegaciones de comunidades como Cochapata, Ñamarín, Uduzhapa, Canseco y otras más de Nabón. También llegaron de Oña, Yacuambi, Tutupali y de Molleturo. Se sumaron a la caminata organizaciones como ONU Mujeres.

La alcaldesa Quezada, quien lidera esta lucha en su cantón, reitera la necesidad de dejar sin efecto la concesión en el cerro El Mozo.

Una similar exigencia se impulsa para evitar que la minería también cause daño en los páramos de Quimsacocha, una de las fuentes de captación de agua para Cuenca y más sectores.

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