ECUADOR. Al Parque Nacional Yasuní ya casi no le queda un rincón libre de agujeros para extraer petróleo desde sus entrañas. Uno de estos últimos espacios era el conocido bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), en el noreste de esta área protegida, en la Amazonía ecuatoriana. 

Pero en medio de la impotencia de sus defensores, el Ministerio del Ambiente decidió emitir las licencias para la explotación de dos plataformas del campo Ishpingo. Carlos Pérez, ministro de Energías y Recursos Naturales no Renovables, lo anunció el 25 de julio del 2019.

Como si se anticipara a las reacciones de rechazo, el ministro Pérez adujo que esta franja está fuera del área de amortiguamiento del Yasuní y solo bordea la Zona Intangible (está dentro del área protegida), donde se considera superviven los Tagaeri y los Taromane.

Los antropólogos y defensores de estos dos últimos pueblos indígenas en aislamiento advierten del grave riesgo. Pues estos pobladores no saben de límites y se movilizan más allá de la Zona Intangible en busca de alimentos y de cacería para su sustento.

El peor temor de los defensores de los derechos de los pueblos en aislamiento es que aquello provocaría encuentros fortuitos y potenciales enfrentamientos con extraños que ingresen a sus territorios para construir plataformas y extraer el crudo. Esto se fundamenta en diferentes episodios trágicos ya ocurridos en el Yasuní.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, asegura que se está acortando el territorio de estas dos comunidades, al igual que el de los waorani. “Eso agrega presión a sus espacios que, de alguna manera, ya está disminuido. Y podría llevar a mayores conflictos no solo del lado de Ecuador sino de Perú. Los aislados han estado moviéndose inusualmente en esa zona de frontera y saliendo hacia comunidades donde casi no se los veía”.

Pichilingue teme que “estos encuentros no siempre son pacíficos sino con alto grado de tensión que podrían terminar en violencia y muertes en algunos casos. Con mayor presión nunca se sabe y obviamente están en riesgos las vidas no solo de los indígenas en aislamiento sino también de quienes comparte con ellos ese territorio”.

Ni las advertencias ni las protestas frenaron el afán extractivista del gobierno del presidente Lenin Moreno. Más bien, este siguió el mismo rumbo de su antecesor, Rafael Correa, quien tanto promocionó la Iniciativa Yasuní-ITT. Dentro y fuera del país, armó una ‘ilusionadora’ campaña para recaudar fondos a cambio de dejar el crudo del Yasuní bajo tierra.

Este 15 de agosto se cumplieron seis años del fracaso anticipado, ya que Correa, a la par y casi a escondidas, impulsaba un Plan B (en realidad era el Plan A) para explotar el petróleo en el área protegida más grande y biodiversa de la Amazonía ecuatoriana.

El Gobierno de Moreno fiel a esa línea, el 21 de mayo del 2019 promulgó el Decreto 751, con el cual lapidó al Yasuní y a la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane.

Con ese decreto se dejó la puerta abierta para que entren los extractivistas a armar sus plataformas de perforación extracción en varios bloques, incluso en el área de amortiguamiento.

Para eso se escudó en el SÍ de la Consulta Popular (convocada por el Gobierno) del 4 de febrero del 2018, que ordenó la ampliación en, al menos 50.000 hectáreas el área protegida y en más de 60.000 hectáreas a la Zona Intangible, además de reducir de 1.030 a 300 hectáreas la zona autorizada para explotar petróleo. La Zona Intangible subió de 758.051 a 818.502 hectáreas.

Sin embargo, la coartada estaba en el artículo 3 del Decreto 751, que prohíbe nuevas obras como carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras y otras. Mas exceptúa a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos.