Ecuador. Las mujeres amazónicas llegaron a Quito, la capital de Ecuador, para integrarse a las marchas por el #8M. Ellas lo hicieron no solo por exigir sus derechos como mujeres. Cual guerreras, levantaron su voz para responsabilizar al Estado por sus derechos humanos y sus vidas mismas y las de sus familias frente a las graves amenazas desde los intereses extractivistas.
Con carteles que revelaban leyendas de rechazo, cánticos y alzando su voz de protesta, estas Guardianas de la Selva marcharon también en contra del extractivismo petrolero y minero. Denunciaron que sus bosques y sus ríos están en serio riesgo o que ya sufren los estragos irreversibles ante la invasión de los campos petroleros, proyectos y centrales hidroeléctricas y la explotación minera, que hoy arrasan con la Amazonía ecuatoriana.
Estas mujeres pertenecen a las comunidades indígenas waorani, kichwas, cofanes y más. Vinieron desde sus territorios ubicados en las entrañas del Parque Nacional Yasuní, en Sarayaku, Villano y otros. Ya en la marcha por las calles céntricas de Quito, se unieron a grupos como los saraguro y otavalo, comunidades indígenas de la Sierra ecuatoriana y que también luchan por la Pachamama.
Entre las multitudes se pudo distinguir a líderes conocidas como Patricia Gualinga (kichwa Sarayaku), Luisa Lozano (saraguro) y Blanca Chancoso (otavalo) y Alicia Cahuiya (waorani).
También estuvo en la marcha de Quito por #8M la joven activista Helena Gualinga, quien durante la Cumbre de Cambio Climático (COP 25), de diciembre pasado en Madrid, España, denunció que los gobiernos siguen concesionando los territorios indígenas sin el consentimiento de las comunidades a las empresas extractivas y afectando al Planeta. Ella acudió junto a la delegación que llegó desde el territorio Sarayaku, ubicado en la provincia de Pastaza.
- Exigen investigación por ataques y amenazas
Al día siguiente, el 9 de marzo, las Guardianas de la Selva, junto con Amnistía Internacional, entregaron a la Fiscalía General del Estado más de 250.000 firmas, recogidas en más de 168 países. Lo hicieron como respaldo para exigir al Estado ecuatoriano una investigación efectiva sobre los ataques y amenazas de muerte contra cuatro dirigentes del colectivo Mujeres Amazónicas. Ellas son Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar.
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